Derecho a reparar
Uno de los factores en común que se presentan en la gran mayoría de los productos electrónicos y electrodomésticos es que tienen una vida útil muy limitada que tiene como consecuencia su constante reemplazo por productos nuevos y con alguna ligera mejora. Sin embargo, esta práctica se traduce en un consumismo desmedido que genera un impacto ambiental sin precedentes.
Una de las soluciones a esta problemática son normativas aprobadas por la Unión Europea, nos referimos, precisamente, al Derecho a Reparar, esta aprobación sucedió el 25 de noviembre de 2020 para que entrara en vigencia el 1ro de marzo de 2021, con el objetivo de reducir la demanda de recursos naturales, los residuos generados y finalmente las emisiones que son consecuencia de la producción; todo esto mediante un modelo económico sostenible.
El derecho a reparar impone medidas a quienes fabrican electrodomésticos y electrónicos para que se le garantice la posibilidad de reparación de sus productos a la o al consumidor en un periodo de por lo menos 10 años. El o la consumidora deben de tener acceso a un manual de reparación que tenga la facilidad de realizar labores de arreglo con herramientas convencionales e, incluso, si su reparación no es posible, que sí lo sea desmantelar los productos para su correcto reciclaje.
A este fenómeno por el que se reemplazan productos electrónicos se le ha confundido con la innovación, cuando en realidad se le debe identificar como obsolescencia planeada, que no es otra cosa más que hacer parecer a un producto como anticuado mediante algún diseño de fábrica o de alguna campaña mediática, sin que realmente haya acabado su vida útil.
Los fabricantes han capitalizado el consumo excesivo e innecesario de los recursos naturales, interfiriendo tanto en el derecho de la o el consumidor a la reparación de sus productos, como a su derecho de vivir en un medio ambiente sano.
Se estableció que cualquier estrategia de mercado «sustentable» debe establecerse conforme a los principios de sustentabilidad de forma justa, balanceada y proporcional, con una alta protección a la o al consumidor. Ésta enfatiza que cualquier regulación en esta materia debe basarse en los principios antes referidos, siendo rentables desde el punto de vista ambiental con la finalidad de que exista un beneficio tanto para los fabricantes como para consumidores y así adopten la transición ecológica dentro del mercado.
Esta normatividad destaca que todavía quedan barreras sin justificación y completamente desproporcionales que limitan e impiden el progreso de una economía sustentable y deja la posibilidad de que las prácticas que se desean erradicar, continúen en algunos casos.
Un ejemplo de estos se relaciona con una práctica monopólica que ha realizado desde hace 19 años la famosa cadena de restaurantes de comida rápida, “McDonald's”. Esta práctica se centra en sus máquinas de helado, las cuales tienen un único modelo por la razón de ser consistentes con su producto, sin embargo, éstas han tendido a descomponerse frecuentemente y esto lo han notado consumidores alrededor del mundo.
Aunque exista voluntad de las personas empleadas en el establecimiento, por reparar las máquinas, no pueden hacerlo ya que únicamente están facultadas quienes tienen la licencia oficial de la compañía Taylor que produce las máquinas. Esta máquinaría tiene piezas que deben ser cambiadas cada 3 meses, lo que demuestra que realmente no están hechas para durar. Cabe destacar que el 25% de las ganancias de Taylor son gracias a las reparaciones que hace a las máquinas que produce.
Es entonces cuando entró la compañía de Kytch que desarrolló un producto que le permitía a las personas que tenían una máquina de helados de la compañía Taylor identificar las temperaturas y los códigos de error que antes solo podían hacer las personas con una licencia oficial. En otras palabras Kytch les dio el derecho a Reparar.
Otro esfuerzo para acercar a las personas al derecho a reparar fue cuando el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva con la finalidad de que la Comisión Federal de Comercio iniciara con nuevas legislaciones limitando la capacidad de los fabricantes de prohibir la reparación independiente de sus productos.
Debemos ejercer nuestro derecho a reparar no solo por el hecho de que nos puede brindar un beneficio económico, también da pie a que el sistema de consumo no sea uno que contribuya a la obsolescencia planeada, ya sea con productos electrónicos, automóviles, equipo médico, etc. Los fabricantes no deben conservar este sistema de más ganancias a costa del medio ambiente.