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  • Camila de la Parra Mendoza

Piratería marítima en el siglo XXI: Golfo de Guinea, un reto para el Derecho Internacional Público

El tema de los océanos y el derecho del mar dentro de un sistema capitalista que basa gran parte de su efectividad en el comercio internacional es de los más relevantes para el Derecho Internacional Público hoy en día. Regular la actividad en los mares y océanos se ha vuelto una tarea de extrema importancia, pero también de alta dificultad. Dentro de una arena internacional dispar, donde los principales actores son Estados con notorias desigualdades, los esfuerzos para la regulación también se vuelven relativos. Tal es el caso de la lucha contra la piratería en aguas de tránsito elevado. Pero, ¿realmente podemos hablar de auténticxs piratas en pleno siglo XXI? Por increíble que parezca, aún en nuestros días, la piratería obtiene un tinte de mucha relevancia, sobre todo cuando se aprecian crisis como la del Canal de Suez hace tan solo unas semanas. Esta situación obligó a diversas naves a contemplar la posibilidad de aventurarse por las aguas más peligrosas del mundo: las del Golfo de Guinea.


El Golfo de Guinea, por muchos años, se ha identificado como el lugar más

arriesgado para cualquier barco que pretenda trasladar carga comercial. La piratería en esta región del mundo es inigualable a lo observable en el resto del mundo. El año pasado, 130 navegantes fueron tomadxs como rehenes. En enero de este año, el barco porta contenedores nombrado Mozart fue atacado tan solo a 200 millas náuticas de la costa de Nigeria. Como resultado, una persona fue asesinada y 15 fueron secuestradas. Se estima que se pagó una gran cantidad de dinero para su posterior liberación (Pelz, 2021). “Observamos que lxs piratas están actuando con una mayor impunidad. Están pasando períodos de tiempo más extendidos a bordo de los barcos. En un caso, estuvieron a bordo por más de 24 horas, sin problema alguno”. (Howlett, 2021). La situación en el Golfo de Guinea revela un contexto geopolítico complicado, pues los países que rodean este territorio marítimo se encuentran en niveles de fragilidad que impiden una efectiva resolución del problema por medio de estrategias dentro del marco del Derecho Internacional Público.


La crisis en el Golfo de Guinea tomó especial relevancia en los últimos meses a raíz

de la crisis del Canal de Suez. La situación obligaba a embarcaciones con cargamento valioso y vasto a ponderar seriamente la posibilidad de tomar la ruta alternativa más conveniente, la del Golfo de Guinea. Muchas tomaron la decisión de adquirir el riesgo de aventurarse por el Cuerno de África, a pesar de que ello implicase tácitamente introducir a las naves en una especie de Triángulo de las Bermudas, pero con una naturaleza de violencia e impunidad sin precedentes.


La Convención sobre el Derecho del Mar (CNUDM), ratificada por los países miembro de las Naciones Unidas en 1982, contempla diversos retos que pueden llegar a enfrentarse al regular el uso pacífico de las aguas. Dentro de la CNUDM, los artículos 100 a 107 particularmente, abordan la piratería y sus especificaciones como un tema de esfuerzos colectivos para su erradicación. “Todos los Estados cooperarán en toda la medida de lo posible en la represión de la piratería en la alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de ningún Estado” (ONU, 1982). No obstante, ¿es posible argumentar la existencia de una cooperación realmente homogénea? En el caso del Golfo de Guinea, la respuesta más sensata nos orilla a evaluar que, probablemente, no. Los Estados que rodean estas aguas, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Ecuatorial, Nigeria, entre otros, se encuentran dentro de los primeros lugares del Índice de Estados Frágiles. En estas administraciones, los retos domésticos son mucho más abundantes y complejos de lo manejable. En consecuencia, es de esperarse que la estrategia regional llegue de forma tardía.


En vista de ello, varios Estados de la Unión Europea con intereses comerciales en la región han intercedido para confeccionar una solución conjunta.


Dentro de los esfuerzos predominantes por contrarrestar la situación en la región y

con la ayuda de la Unión Europea, es posible reconocer, sobre todo, la instauración de

vigilancia por medio de helicópteros, la incidencia de tropas militares, entre otras medidas.


No obstante, expertxs como Kamal-Deen Ali, no pronostican que ello sea una solución a

largo plazo. “Se ha convocado a mandar ayuda financiera y tecnológica a los Estados

colindantes, los cuales carecen de casi todo, incluyendo oficiales navales bien entrenadxs.


Muchos países ni siquiera cuentan con sistemas de radar para monitorear sus aguas” (Ali,

2021). Entonces, ¿cómo esperar una solución colectiva, efectiva, y que contemple las

disparidades entre los países involucrados?


Es imperante que las iniciativas contemplen, de forma específica, las condiciones de

cada país, contemplando su infraestructura, capacidad económica y escenario social. Nigeria, por ejemplo, ha invertido millones de euros en mecanismos de tecnología y vigilancia para este fin. A pesar de estos esfuerzos, Michael Howlett, director de la Oficina MarítimaInternacional, reconoce que la presencia marítima no es suficiente para abordar este conflicto.


La planeación de la piratería comienza en tierra, dentro de los mismos Estados que, en

muchos casos, fallan en proveer condiciones socioeconómicas adecuadas para el pleno

desarrollo de sus sociedades. La carencia y la falta de recursos dentro de Estados frágiles crean el escenario idóneo para el desarrollo de bandas delictivas, con la piratería como centro de sus operaciones.

En suma, la lucha contra la piratería marítima debe enfocarse en dos ejes principales.

Primero, es imprescindible fortalecer el Estado de Derecho por medio del marco legislativo doméstico de los países que rodean las aguas en conflicto, en conjunto con la efectividad de la praxis. Por otro lado, los esfuerzos deben venir de manera colectiva, priorizando las directrices provistas por los mecanismos del Derecho Internacional Público y la diplomacia.

Además, el centro del análisis debe estar en las condiciones políticas de los países

involucrados, dejando de lado estándares y referencias occidentalizadas. El caso específico de Guinea debe colocar a la región en un lugar prioritario, especialmente por su situación geográfica relevante. Para crisis como la reciente del Canal de Suez, es de suma importancia trabajar en alternativas fiables, asegurando que se erradiquen las opciones que tengan de por medio la amenaza a la vida y el robo sistemático a cargamentos.

Solo así es como podrá diseñarse una estrategia que aminore las desigualdades geográficas y priorice una globalización comercial más justa y homogénea.

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